La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es un sistema de protección que se utiliza en España para proteger a aquellos ciudadanos que hayan podido sufrir presuntamente daños por parte de la Administración Pública. De esta manera se puede considerar que se trata de un mecanismo para poder autorregular las entidades públicas.
Esta se encuentre reflejada en el artículo 106.2 de la Constitución Española, donde se hace referencia a que los ciudadanos, en base a lo marcado por la Ley, tiene derecho a ser indemnizados por las lesiones que puedan sufrir en cualquiera de sus derechos y bienes, siempre y cuando sea una lesión que esté directamente relacionada con los servicios públicos y su funcionamiento. Los principios generales sobre los que está regida la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas figuran en la Ley de Régimen Jurídico del sector Público.
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El procedimiento de Responsabilidad Patrimonial
Cuando una persona considera que un daño o lesión que ha sufrido viene dado por una actuación de la Administración Pública, puede iniciar un proceso de reclamación. Para ello debe dirigirse a la Administración o Administraciones de las cuales considera que es una víctima.
A través de este procedimiento se puede llegar a lograr que el error cometido pueda reconocerse por parte de esta; y eso le permitirá obtener una indemnización. En este sentido es importante recalcar que la Administración puede haber provocado tanto el daño por omisión como por acción.
Para que se pueda dar comienzo a un procedimiento de este tipo, se deben acreditar:
- Que haya habido una intervención por parte de la Administración en el daño.
- Poder demostrar la existencia de ese daño sufrido.
- Que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión de la Administración Pública y el daño o lesión sufrida.
Además de proceder a la valoración de estos puntos, es necesario llevar a cabo un examen que pueda demostrar que no hubo fuerza mayor; poder determinar el deber jurídico de soportar el daño; y la imposibilidad de evitar la lesión o daño sufrido.
En el caso de que la Administración considere que la indemnización no es procedente, la vía alternativa es recurrir a la vía contencioso-administrativa. Asimismo, se debe tener presente que la resolución puede ser expresa o presunta. En cualquier caso, se puede recurrir.
Áreas públicas susceptibles de recibir una reclamación
Las reclamaciones de este tipo cabe tener presente que abarcan la totalidad de los sectores públicos. De esta forma, una persona que considere que ha habido responsabilidad patrimonial de la administración pública puede iniciar el proceso.
Por ejemplo, los casos derivados de accidentes por mal estado de la calzada o por falta de señalización; la existencia de negligencias médicas; o irregularidades en los contratos públicos, podrían ser hechos denunciables y recibir una indemnización por ello.
Todo ciudadano tiene derecho a interponer una reclamación de este tipo, incluso aunque se trate de trabajadores públicos. Las reclamaciones se pueden llevar a cabo de forma individual y también en grupo. La reclamación puede ser interpuesta en un plazo de 1 año desde que se produjo lugar el daño.
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