En plena ola de nuevos rebrotes por coronavirus en España, ha sido lanzada la aplicación móvil Radar COVID, sobre la cual han surgido muchas dudas, principalmente relacionadas con la privacidad de los usuarios.
La escasez de rastreadores ha llevado al Gobierno de España a lanzar esta aplicación móvil nacional; una herramienta de la que se habla desde hace meses. Tras un resultado exitoso en una prueba piloto en La Gomera, en los primeros días del presente mes de agosto, Fernando Simón, epidemiólogo y portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, insistió en la necesidad de apoyarse en la tecnología.
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Dudas sobre Radar COVID
La Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial (SEDIA) ha insistido constantemente en que Radar COVID no requiere de datos personales ni permisos de localización; y que será de código abierto.
Sin embargo, varios meses después de que se empezase a hablar de la llegada de la aplicación, el código no ha sido abierto por el momento; es decir, no está publicado para que otros desarrolladores y expertos puedan analizar el mismo. Esto siembra dudas con respecto a si será auditable completamente. Además tampoco se ha explicado el por qué de la necesidad de tener activada la localización en los dispositivos Android.
Invasión a la privacidad
La pandemia del coronavirus ha sido la primera crisis sanitaria a nivel global en la que pueden ser de gran ayuda el uso de las tecnologías móviles. Por ello, las aplicaciones de rastreo se han convertido en potentes herramientas que se pueden utiliza para poder tener un mayor control e información sobre los contagios.
Tras probar experiencias en China, Singapur y Corea del Sur, donde se empleó tecnología con diferentes niveles de invasión a la privacidad de los usuarios, en Europa se abrió un gran debate al respecto. Gobiernos, desarrolladores y empresas fueron conscientes rápidamente de la dificultad para poder gestionar estos datos sensibles acerca de la salud de los ciudadanos.
De hecho, más de un centenar de organizaciones que velan por los derechos humanos se han preocupado al respecto. Y por ello han advertido a los gobiernos para que no se aprovechen de la crisis sanitaria para vigilar a sus ciudadanos a través de las nuevas tecnologías.
Transparencia y garantías
En este sentido, diferentes organizaciones y asociaciones han hablado de las diferentes condiciones que deberían cumplir las herramientas dedicadas al rastreo; para así no vulnerar los derechos de los usuarios. Las ONGs solicitan que exista transparencia y garantías en este tipo de desarrollos.
Para ello, las aplicaciones deben permitir un rastreo de usuarios y una identificación de los contactos de forma segura y anónima; además de evitar falsos positivos. En cualquier caso, para que la tecnología pueda ser eficaz, es fundamental que una gran parte de la población haga uso de la misma. Si no es así, la herramienta no podrá ser efectiva.
En cuanto a la privacidad, los expertos recomiendan que sean de código abierto. De esta manera la propia comunidad puede revisarlo, lo que permite detectar con mayor rapidez posibles errores; y así se consigue un desarrollo más transparente, seguro y fiable.
En el caso de Radar COVID en España, por el momento no se ha abierto el código.
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